MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
La familia del disidente cubano Oswaldo Payá, fallecido el pasado mes de julio en un accidente de tráfico en el sureste de Cuba, ha denunciado que el Gobierno español ha "presionado" al dirigente de Nuevas Generaciones del PP Ángel Carromero, único condenado por el suceso, "para que no hable" de lo ocurrido.
Carromero, condenado a cuatro años de cárcel por su responsabilidad en el accidente que costó la vida a Payá y al también opositor Harold Cepero, rompió su silencio la semana pasada con una entrevista a ´The Washington Post´ en la que, entre otras cosas, aseguraba que un segundo vehículo les embistió por detrás.
El dirigente de NNGG fue trasladado a España el pasado diciembre gracias a un convenio bilateral para la repatriación de personas condenadas que, en la práctica, supuso que el Gobierno de Mariano Rajoy y el propio Carromero estaban asumiendo la validez del juicio llevado a cabo en Cuba.
La hija de Oswaldo Payá, Rosa María Payá, se reunió con Carromero a mediados de febrero y confirmó con él las versiones dadas por los testigos del accidente. También contrastó estos datos con el otro superviviente, Aron Modig, durante una reunión que ambos mantuvieron la semana pasada en Estocolmo y en la que el político sueco reiteró que apenas recordaba nada.
"Estamos confirmando cosas con ambos supervivientes", ha explicado Rosa María Payá en una entrevista con Europa Press. Así, ha matizado que datos como la implicación de un segundo vehículo --supuestamente de la seguridad del régimen cubano-- o que el coche no llegó a estrellarse nunca contra un árbol "ya se sabía".
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha manifestado en los últimos días que no tiene constancia de que los hechos ocurriesen de forma distinta a lo reconocido por Carromero durante el proceso judicial en Cuba y ha instado a quienes duden de dicha versión a acudir a los tribunales.
"Me sorprende la validez que dan a la justicia del Gobierno cubano", ha lamentado Rosa María Payá, al recordar el juicio celebrado en Bayamo y que estuvo vetado para la familia de las víctimas. "Esperamos que el Gobierno español se ponga del lado de aclarar los hechos y de aclarar lo ocurrido", ha añadido.
En este sentido, ha asegurado que el juicio no ha sido precisamente "impecable" y lamentado que haya quien esté "obstaculizando" la lucha de la familia de Payá, en alusión al Ejecutivo español. "No hemos obtenido ninguna ayuda y sobre Ángel ha habido presiones para que no hable", ha dicho, señalando directamente al Gobierno y poniendo como aval de estas acusaciones las declaraciones que realizó a la familia de Payá el propio Carromero.
La hija del difunto dirigente del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) cubano ha reiterado que Carromero es "inocente" y ha pedido que no sea tratado en España "como un condenado".
INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL
La familia de Oswaldo Payá mantiene abierta la "posibilidad" de llevar ante los tribunales "lo ocurrido el 22 de julio", mientras trata de promover una investigación internacional. Rosa María Payá ha aclarado que todavía no han cerrado nada en este sentido --hay "varias opciones"--, aunque ha apuntado que ya se han puesto en contacto con la ONU y la Unión Europea.
Quienes sí se han pronunciado en favor de esta investigación internacional son CiU y UPYD, partidos con los que Rosa María Payá ha mantenido una reunión este jueves. Por parte de CiU, se ha visto con el portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran i Lleida, un "entrañable amigo", mientras que la delegación de UPyD ha estado encabezada por la líder de la formación, Rosa Díez.
"Les agradecemos la cercanía y la solidaridad", ha dicho Payá, que ha recalcado que ambas formaciones están "comprometidas con la causa de los Derechos Humanos en Cuba y con el empeño de saber la verdad de lo ocurrido el 22 de julio"
En sus esfuerzos por recabar apoyos, Rosa María Payá también ha mantenido encuentros desde la semana pasada con representantes de los gobiernos y parlamentos de Noruega y Suecia. Además, ha realizado dos intervenciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra.
La hija del fallecido disidente, que pudo abandonar Cuba en febrero gracias a la reforma migratoria impulsada por el Gobierno de Raúl Castro, aún no tiene cerrada la fecha de vuelta a la isla y ha advertido de que, hasta entonces, seguirá exigiendo a la comunidad internacional que combata la "impunidad" con la que actúa el régimen castrista.
Rosa María Payá ha puesto como ejemplo de esta "impunidad" las amenazas recibidas por su familia en los últimos meses. Mi familia está "amenazada directamente de muerte por parte de la seguridad del Estado", ha alertado.
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