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Alberto Fabra. |
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A la Comunidad Valenciana no le gusta que se hable de rescate. De hecho, este
viernes por la tarde el equipo de Alberto Fabra emitió un
comunicado aclarando que, pese al "interés de algunos sectores de la sociedad
por desprestigiar constantemente a la Comunidad Valenciana", no es tal sino "un
mecanismo de carácter temporal y voluntario al que pueden acogerse las
comunidades que requieran de liquidez para atender sus próximos vencimientos o
bien que requieran de cantidades adicionales para financiar su endeudamiento".
La cuestión es que el paso dado por el Gobierno valenciano al solicitar
al Ejecutivo central la adhesión a tal mecanismo para hacer frente a los
vencimientos de deuda en 2012 y pagar a los proveedores hace temer un efecto
dominó. De hecho, en su comunicado el Consell dejaba caer que, "seguramente",
"también otras autonomías" tendrán que solicitar este bote salvavidas.
La Comunidad Valenciana es la tercera que más déficit acumuló en 2011,
con un 4,5% de su PIB. Junto con ella, otras cinco regiones se situaron el año
pasado por encima de los cuatro puntos: Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia,
Cantabria y Baleares. Cabe recordar que este año todas tienen que
acabar con un déficit límite del 1,5% de su PIB y, el que viene, en un
0,7%.
El azar quiso que la noticia se produjera coincidiendo con el
primer aniversario de la dimisión de Francisco Camps por el
caso de los trajes y la designación de Fabra como su sucesor.
La solicitud de esta ayuda, sea a la Comunidad Valenciana o a cualquiera otra
que siga sus pasos, no sale gratis.
Así, el Ministerio de Hacienda de
Cristóbal Montoro obliga a que los receptores presenten un plan
de ajuste consensuado con el Ministerio detallando cómo van a cumplir los
objetivos de estabilidad y deuda pública, y cómo van a devolver el
dinero. Además, deben enviar mensualmente un informe a la Intervención
General sobre la ejecución de su plan.
El fondo cuenta con un máximo de
18.000 millones de euros para 2012, está gestionado por el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) y financiado por el Tesoro y que, además, será parcialmente dotado
a través de un préstamo de Loterías y Apuestas del Estado por importe de 6.000
millones.
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