El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos ha requerido este miércoles por vía notarial al PP los datos de las empresas que contrató para las campañas electorales de 2003 y 2004, citadas por un ´informe interno´ policial.
Asimismo, Álvarez Cascos, en un comunicado, ha solicitado al Partido Popular que certifique quiénes ocupaban entonces la secretaría general y la dirección de las campañas.
El jefe del ejecutivo asturiano considera que la dirección del PP mantiene una "elocuente e irresponsable pasividad" ante la divulgación de las falsas suposiciones del ´informe interno´ policial.
Manifiesta que "la filtración y la divulgación del "informe interno", y el silencio del PP para desmentir los datos económicos falsos del ´informe interno´ en estas fechas preelectorales constituyen por acción u omisión una grave injerencia en la objetividad de las autonómicas del 25 de marzo"
Señala que el denominado ´informe interno´ elaborado por algún miembro de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, además de realizar suposiciones "radicalmente falsas" sobre sus responsabilidades en dichas campañas, se basa en datos económicos "manifiestamente inverosímiles para cualquier conocedor de los presupuestos electorales de los partidos políticos, y que la dirección del Partido Popular puede desmentir fácilmente sin más que hacer pública la documentación contable remitida en su día con carácter obligatorio al Tribunal de Cuentas de España".
CAMPAÑAS ELECTORALES 2033 Y 2004
Con el requerimiento notarial, Álvarez Cascos pretende que, habida cuenta de que, de acuerdo con los Estatutos del Partido Popular, el Secretario General ostenta "la dirección de todos los servicios y la jefatura de su personal", certifique el nombre o los nombres de las personas que desempeñaban la Secretaría General en las fechas en que tuvieron lugar las campañas de las elecciones municipales y autonómicas -en 13 Comunidades- del año 2003, y de las elecciones generales y autonómicas andaluzas del año 2004, así como el nombre de los respectivos directores de las citadas campañas.
En segundo lugar, pretende también que se avenga a rendir cuentas y hacer entrega de la documentación que justifique, de las empresas denominadas Rialgreen, Spinaker 2000 y Asian Deluxe Group citadas en la supuesta investigación.
Asimismo, todas las cantidades presupuestadas y pagadas, que figuren en su contabilidad de las que ha rendido cuentas al Tribunal de Cuentas de España, correspondientes a todos los servicios prestados a las campañas realizadas por el Partido Popular del año 2003 (elecciones municipales y autonómicas en 13 Comunidades) y del año 2004 (elecciones generales y autonómicas andaluzas).
CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
Y todos los contratos suscritos y procedimiento de adjudicación de los mismos, con los nombres de las personas que los adjudicaron y de las sociedades o personas físicas adjudicatarias para llevar a cabo las campañas electorales indicadas de los años 2003 y 2004. Así como, los correspondientes soportes en los libros de facturas, diario y mayor de los datos anteriores referidos a esas mismas empresas.
Por último, Álvarez-Cascos ha destacado que la filtración de las "falsas suposiciones" del ´informe interno´ policial, constituyen por acción u omisión "una grave injerencia fácilmente deducible en la objetividad del proceso electoral al que me presento en Asturias el día 25 de marzo y una vulneración del derecho recogido en el artículo 23 de la Constitución Española a participar en elecciones libres en pie de igualdad.
"Por lo que me reservo cuantas acciones legales me amparen en la defensa de la verdad de unos hechos que interfieren claramente en el desarrollo del proceso electoral de Asturias", concluye.
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