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26 mayo 2017. Actualizado 00:01 Director: Antonio M. Beaumont
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DE BORBONEO

Alfonso XIII, bisabuelo de la Infanta, también tuvo su propio Nóos

¿De casta le viene al galgo? La pregunta es inevitable cuando uno se entera de que el monarca que salió por patas en 1931 había montado una trama que recuerda en mucho a otra más actual.

El bisabuelo de la Infanta Cristina también tuvo un asunto muy parecido al de Nóos.
El bisabuelo de la Infanta Cristina también tuvo un asunto muy parecido al de Nóos.
Hace ya ocho años, en septiembre de 2005 para ser exactos, que investigué las triquiñuelas empresariales de Iñaki Urdangarín en la revista Época, recogidas en un amplio reportaje titulado de forma explícita Borbones S.A.

Aludía ya entonces al Instituto Nóos, sustantivo griego que significa curiosamente "intelecto". Y digo curiosamente, porque el exjugador de balonmano no ha demostrado para los negocios un talento especial sino más bien una mano demasiado larga, según se desprende de la investigación judicial.

Casi todo el mundo se extraña hoy de que el juez instructor del caso, José Castro, no haya citado a declarar aún, ni siquiera como testigo, a la infanta Cristina, por más que el sindicato Manos Limpias insista en que lo haga como imputada para evitar agravios comparativos con su propio marido y con el socio de éste, Diego Torres, y la esposa.

Recordemos, si no, que Urdangarín constituyó la inmobiliaria Aizoon al cincuenta por ciento con la infanta Cristina, en febrero de 2003; y que previamente, en octubre de 2001, había creado Nóos Consultoría Estratégica S.L., denominada antes Araujuzon S.L.

El Instituto Nóos, concebido sin ánimo de lucro, sirvió luego para desviar fondos públicos, principalmente. La artimaña societaria es casi un calco de la empleada en su día nada menos que por el rey Alfonso XIII, bisabuelo de la infanta Cristina.

A los Borbones, en este caso, encaja como anillo al dedo el célebre adagio "de casta le viene al galgo". Todo empezó con una denuncia de la que tuve conocimiento al leer el Heraldo de Madrid del 8 de abril de 1932. El periódico titulaba así su editorial: "Una gravísima denuncia ante la Comisión de Responsabilidades".

A continuación, el rotativo informaba también en gruesos caracteres:

"La camarilla regia ha explotado en España fraudulentamente, con el apoyo de don Alfonso de Borbón, el fabuloso negocio de las carreras de galgos en pista con apuestas mutuas".

Aludía el periódico al fabuloso negocio que esta actividad suponía entonces. Tras el crack bursátil de 1929 en Nueva York, un individuo llamado Charles Munn inventó en Estados Unidos una liebre artificial que denominó "liebre mecánica", y más tarde "liebre eléctrica", tras la cual corrían como locos los galgos en un canódromo, creyendo que era auténtica. Surgieron así las carreras de galgos en pista, mediante las cuales pretendieron lucrarse Alfonso XIII y su camarilla regia de forma ilegal.

El monarca no era precisamente un ejemplo de honradez; no lo era, al menos, para quienes decidieron llevarle a los tribunales. Y si no, ¿quién iba a decirme a mí que hallaría por fin el extenso sumario judicial donde se involucraba al rey y a destacados miembros de su camarilla en delitos de asociación ilícita, juego prohibido, malversación, estafa, prevaricación y falsedad?

Entre todos urdieron, según el juez, una asociación benéfica y filantrópica (tan parecida al Instituto Nóos), denominada Club Deportivo Galguero Español, que surgiera al amparo de las disposiciones legales en España para las razas caninas.

El nuevo club pidió al Estado una concesión oficial de exclusiva de carreras y apuestas destinada (sólo en apariencia, claro) al fomento del galgo español y de la Beneficencia. Pero luego, esa concesión se transfirió subrepticiamente a la sociedad Liebre Mecánica (especie de Aizoon) que, en connivencia con Stadium Metropolitano, absorbió los fabulosos beneficios al margen del Club Deportivo Galguero.
Entre los accionistas de Liebre Mecánica figuraban, según consta en el informe judicial: Alfonso XIII, representado por Carlos de Mendoza, con 40 acciones, las mismas que el marqués de Villabrágima y que José Otamendi; el conde de la Dehesa de Velayos, con 30; y el duque de Alba, Domingo Rueda y Carlos Eizaguirre, cada uno con 20.

El titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid, Mariano Luján, implicó finalmente al rey Alfonso XIII y a su camarilla en graves delitos. El lector hallará el informe completo y los entresijos de este turbio y desconocido asunto en mi último libro La pasión de Pilar Primo de Rivera (Plaza y Janés).

Y entre tanto, la infanta Cristina sigue caminando hoy peligrosamente, como una equilibrista, sobre el alambre…


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