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24 abril 2017. Actualizado 00:01 Director: Antonio M. Beaumont
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Finis Hispaniae

Son muchos los españoles que han tragado con la fórmula envenenada del derecho a decidir. No hubieran aceptado la independencia, pero una "consulta", presentada como la quintaesencia de la virtud democrática, eso es diferente. ¿Cómo negarle a alguien un "derecho", más si ese derecho sólo implica poder "decidir"?

Dos palabras cargadas de un contenido emocional positivo que han tenido el predicamento que nunca tuvieron las trece letras de la voz "independencia". El nacionalismo ha tocado la tecla exacta ampliando así extraordinariamente su ámbito de influencia.

Tenemos, por tanto, a un importante número de españoles dispuestos a que una parte decida si bajamos la persiana de la historia para esta vieja nación. Otros están dispuestos a lo mismo con tal de liberarse del insoportable discursito victimista y pedigüeño de los nacionalistas. Y otro buen puñado de españoles, por lo general adscritos a la derecha política, concederían gustosos la independencia a todo el que la reclamase por el solo hecho de reclamarla: no merece ser español quien no está dispuesto a serlo.

Cada uno de estos grupos, llega, por planteamientos diferentes, a la misma conclusión: la secesión es aceptable. Y, sobre todo, dicen, acabaría con el eterno problema territorial. Ilusos. Llegados a este punto daría comienzo el verdadero problema territorial. El día después de la independencia de Cataluña, el nacionalismo marcaría su nuevo objetivo abriendo un conflicto diplomático de colosales dimensiones: la "reunificación de los Países Catalanes".

En definitiva, la culminación de un proyecto del que la independencia catalana sólo sería el primer paso. Así lo refleja el partido más votado en Cataluña en las últimas elecciones, ERC, en su programa electoral: "El resto de territorios de los Países Catalanes (sic) podrán, en cualquier momento, decidir de manera democrática añadirse a la futura República catalana o crear otra y federarse".

Nacionalismo en estado puro, no es nuevo. Hay, de hecho, precedentes. Terribles precedentes. "Completar la articulación política de la nación", esto es, expansionismo territorial. Consustancial a todo nacionalismo. Y con objetivos perfectamente identificados y localizados: la Comunidad Valenciana, Baleares, la Franja de Aragón, la comarca murciana de El Carche, la región francesa del Rosellón, y en algunos casos, también la ciudad italiana de Alguer y Andorra.

Por tanto la amputación de una parte del cuerpo nacional no supondría sino el principio del problema. Y no solo por desatar nuevos conflictos, también, y sobre todo, por el gravísimo precedente creado y sus incontrolables consecuencias. ¿Con qué legitimidad se impediría una futura escisión vasca (y la posterior operación sobre Navarra?, ¿y la escisión gallega?, ¿y canaria? Ya está preparado el término que describiría tan dramático proceso: Finis Hispaniae.


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