Mientras Europa nos apunta con una pistola en la sien, las Comunidades Autónomas remolonean en hacer los recortes que les tocan: la mitad ha incumplido su objetivo de déficit para el primer trimestre y muchas de ellas continúan pidiendo demorar los ajustes.
A eso se le llama solidaridad.
Mariano Rajoy está tomando medidas —tarde, mal y a rastras, como él mismo reconoce— que pagan aquellos colectivos sociales prisioneros del BOE: funcionarios, personas dependientes, pensionistas… ¿Qué hacen mientras tanto las CCAA?
Ninguna de ellas ha prescindido de los nutridos consejos jurídicos, sociales, audiovisuales, culturales o académicos que las pueblan y donde se acomodan los políticos excedentes. Tampoco han dado cerrojazo a los tribunales de cuentas, defensores del pueblo y asesores de todos ellos.
De los centenares —o miles— de empresas públicas autonómicas, provinciales, locales o comarcales, apenas si ha cerrado media docena. Lo mismo cabe decir de las oficinas de las CCAA en el extranjero. ¿Y las televisiones autonómicas? ¿Qué pasa con ellas?
Ni una sola ha desaparecido ni tienen visos de desaparecer. A sus consejos de administración y a los demás organismos públicos no electivos se aferran unos políticos desalojados ya de las cajas de ahorro y que no podrían ganarse la vida en la empresa privada.
Por todo eso, hay que desconfiar de promesas —como la reducción de concejales— que sólo serán efectivas dentro de tres años. Lo único cierto es que, mientras todos nos apretamos el cinturón hasta la asfixia, las CCAA siguen practicando el derroche, el déficit y el endeudamiento.
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