Diez diputados valencianos del PP amenazan con dejar caer a Fabra
"Los diez mandamientos": Vicente Rambla, Rafael Blasco, David Serra, Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi, Ángelika Such, Milagrosa Martínez, Yolanda García, Ric Costa y Pedro Hernández.
Todo lo que sucede en torno al retraso de las obras de las instalaciones del
Athletic de Lezama me mantiene atónito. La agresión del entrenador,
Marcelo Bielsa, al jefe de obras; su autoinculpación y
posterior acusación a la empresa que hace los trabajos; el comunicado del club
defendiendo la honorabilidad de la constructora y dejando a los pies de los
caballos al "Loco", demuestran que en España, si algo puede estropearse...
¡seguro! que va a estropearse.
Lo siento por mi amigo Germán
Yanke, que tanto disfrutó la pasada temporada con el juego vibrante del
equipo y siguiendo a sus leones tras el sueño de las dos finales.
Peor
trago está pasando el presidente de la Generalitat valenciana, Alberto
Fabra. Eso sí es un calvario de cadena perpetua estilo del sufrido por
Prometeo con el águila mandada por Zeus para comerle el hígado cada día. Cada
mañana, nada más saltar de la cama, su directora de Comunicación, Paula
Meseguer, en lugar de la revista de prensa lo que pone en sus manos es
el parte de tribunales. "¿Quién más está imputado, Paula?" es
el cotidiano desayuno del resignado Molt Honorable. Todo un papelón el de una
parte del PP en su comunidad. Porque, ya se sabe: "Yo soy yo y mi
circunstancia".
La circunstancia, por esas tierras, es que los imputados
populares están brotando como las setas en otoño. En las Cortes valencianas ya
son siete, y tres más están en la embarazosa sala de espera de la Justicia. Diez
imputados, por tanto, de los 55 escaños que tiene el Partido Popular. "Los diez
mandamientos". Así son motejados por un destacado dirigente valenciano del PP,
en referencia, claro, a los mandamientos judiciales que pesan como losas y no a
los de la Iglesia.
¿Qué hacer?, se preguntan al máximo nivel en las
sedes de Génova, en Madrid, y Quart, en Valencia. "La solución inmediata no
existe, porque hay riesgo de que el partido vuele por los aires", advierten a
El Semanal Digital.
La posibilidad de suspenderles de
militancia, tal como apuntarían el sentido común y los estatutos aprobados en el
último Congreso Nacional celebrado en Sevilla, prácticamente es inexplorable a
no ser que cambien mucho las cosas. Porque si se apartara a todos los diputados
imputados por un juez y pasaran al Grupo Mixto, el PP perdería la mayoría
absoluta --marcada por 50 diputados en una cámara de 99-- y
Fabra y el Partido Popular estarían expuestos a perder el
gobierno de la Comunidad Valenciana.
Tal es la circunstancia del
presidente Fabra: no tiene más remedio que contemporizar,
incluso con algunos conmilitones que no tienen gracia alguna. Tiene que pedirle
al ministro de Justicia, su camarada de filas Alberto
Ruíz-Gallardón, que los fiscales no bajen el listón, lo que le ocasiona
más de un problema entre su gente, y esperar a ver si los jueces, pasito a
pasito, le hacen la limpieza interna que desde el partido no pueden hacer, para
disgusto, por cierto, de cientos de miles de militantes populares de toda España
y de unos cuantos millones de votantes.
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