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| DE CAMINO A CASA |
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| Laura Marti |
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| 11 de enero de 2012 |
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| DE CAMINO A CASA |
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¿El cambio empieza por la azotea?
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| El retorno a la necesaria responsabilidad política, rendición de cuentas de los gestores de bienes que no le son tan ajenos. |
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Mucho tienen que cambiar las cosas para que en España la función pública y el ejercicio de la política dejen de ser definitivamente una patente de corso y conlleven la exigencia de responsabilidad por las acciones u omisiones que dolosa o culposamente hayan supuesto un perjuicio para los intereses generales a los que supuestamente han de servir los funcionarios y los responsables políticos.
Respecto a los primeros, nuestra legislación se ha ido acompasando a las necesidades y demandas de un verdadero Estado de Derecho para implantar un régimen de responsabilidad administrativa (disciplinaria) y penal que permite sancionar y condenar a los servidores públicos que han desempeñado negligentemente su cargo o que han cometido falta o delito en el ejercicio de sus funciones.
En relación a los segundos, sin embargo, hemos de asistir abochornados al amable retiro de Zapatero y de los miembros de su Gobierno (la mayoría de los cuales se colocarán en algún organismo o en alguna institución internacional, si es que no encuentran lucrativo acomodo en la empresa privada) para tomar conciencia de la clamorosa laguna que presenta nuestro ordenamiento jurídico y nuestro sistema democrático al permitir que quienes tanto daño han causado con sus decisiones al conjunto del país y de sus ciudadanos no tengan que rendir cuentas de su gestión ni de sus resultados.
A mi modo de ver, cualquier Presidente del Gobierno saliente debería perder sus prebendas y su inmunidad política para ser sujeto, en su caso, de un examen sobre la corrección de su labor y exigencia de las responsabilidades que procedan. Algo parecido a la rendición de cuentas que había de efectuar el colegio de éforos en la antigua Esparta tras la reforma de Licurgo, en los albores de la Democracia, o a la que quedaban sometidos los cónsules durante la República Romana, quienes podían ser obligados a comparecer ante los Comitia o la Asamblea de la Plebe.
Mientras no pongamos fin a esta intolerable impunidad de nuestros cargos públicos es difícil que la ciudadanía comprenda y comparta los enormes sacrificios que ahora se le piden, o que se pretenda devolver a la honestidad el papel que entre los valores de nuestra sociedad tanto predicamiento tuvo. Hay que saber enseñar con el ejemplo, y nuestros elegidos representantes no han sido ningún modelo de virtudes. Es más, la situación que ahora tanto criticamos, esto es, que un equipo de Gobierno que ha sumido al país en la ruina no responda de sus actos y se complazca burlonamente de su flaco servicio al Estado, parece reproducirse en episodios igualmente reprobables como la jubilación dorada de los gestores que entidades financieras que han engañado a sus clientes, llevado a sus entidades al borde de la bancarrota (nunca mejor dicho) y, para colmo de chufla, han hecho pingües negocios personales con las ayudas públicas libradas por la atribulada Administración.
A veces no basta con reformar la casa desde sus cimientos, hay que empezar por la azotea.
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