La discordia lingüística que no cesa en Galicia







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Se trata de una de las medidas más esperadas del nuevo Gobierno autonómico de Alberto Núñez Feijoo, que se comprometió en la campaña electoral a derogar la polémica norma aprobada en 2007 por la anterior Xunta de socialistas y nacionalistas. Antes y después de que esas bases fueran presentadas, la reacción de los nacionalistas, y también de los socialistas, ha sido de rechazo visceral a cualquier modificación del decreto vigente, que consagra el predominio educativo del gallego.

La verdad sobre el decreto de 2007

Conviene recordar las principales características del decreto de 2007. Para empezar, fue aprobado sin consultar a los interesados, pasando únicamente por el Consejo Escolar de Galicia, un órgano administrativo de participación de la comunidad educativa que, como muy bien apuntó el Consejo Consultivo de Galicia en su dictamen sobre el proyecto de decreto, no cubre las exigencias legales de participación ciudadana en la elaboración de una norma de este tipo. Todo lo contrario, por cierto, de lo que está haciendo la actual Xunta, que ha abierto una amplia fase de consultas sobre las bases del nuevo decreto, lo que no le ha librado de furibundas declaraciones y manifestaciones "preventivas" por parte de los nacionalistas.

En cuanto a su contenido, el decreto de 2007 deja que cada centro educativo decida qué porcentaje y qué asignaturas se impartirán en cada lengua, pero con dos limitaciones decisivas: el gallego nunca puede bajar del cincuenta por ciento, mientras que el castellano puede quedar reducido sólo a las clases de lengua y literatura en ese idioma; y las asignaturas más importantes, las llamadas "troncales", en todo caso se impartirán en gallego. Para que se entienda: un centro educativo dominado por los nacionalistas podría imponer toda la docencia en gallego, salvo la del castellano y, en su caso, el inglés, en tanto que otro que prefiriese el equilibro entre las lenguas cooficiales podría establecerlo, pero con el castellano arrinconado a la plástica, la educación física y la religión (para los alumnos que la cursen).

Para acabar, otra "peculiaridad" del decreto de 2007 es que impone a los alumnos que, con carácter general, usen el gallego en las asignaturas impartidas en ese idioma, mientras que se olvida de establecer la misma previsión para las asignaturas impartidas en castellano (salvo para la lengua y literatura de ese idioma). De esta manera, crea dos categorías de alumnos, con derechos distintos: los gallegohablantes, libres de utilizar su lengua en cualquier asignatura, menos en lengua y literatura castellana e inglés, y los castellanohablantes, que sólo pueden emplear su idioma en las asignaturas impartidas en él.

Las bases del nuevo decreto y el consenso imposible

Las bases del nuevo decreto intentan establecer un verdadero equilibrio entre el gallego y el castellano, con el añadido de la introducción del inglés como lengua vehicular de una tercera parte de la docencia. Esto último, como ya ha tenido que aclarar la Xunta, es una previsión que tendrá que ser muy matizada, porque es evidente que ahora mismo el sistema educativo no está preparado para asumir semejante porcentaje de docencia en inglés.

Centrándonos en el gallego y el castellano, las bases contemplan que las asignaturas troncales se repartirán equitativamente entre las dos lenguas, correspondiendo a los padres de cada centro elegir por votación periódica qué asignatura o asignaturas concretas se impartirán en cada idioma. El Consejo Escolar decidirá la lengua en que se enseñarán las demás asignaturas, pero con la limitación de tener que respetar el equilibrio entre el gallego y el castellano. Y, sobre todo, se reconoce a los alumnos la libertad de usar la lengua de su elección en todas las asignaturas, menos en las de idiomas.

La Xunta buscaba alcanzar el mayor consenso político y social posible con las bases del nuevo decreto. Sin embargo, se ha encontrado con una cerrazón total, nada sorprendente, por parte de la minoría nacionalista, y también con la oposición de los socialistas, lo que sí es más inesperado, si se tiene en cuenta que el decreto de 2007 -elaborado, nótese bien, por una conselleira socialista y no nacionalista- contribuyó decisivamente a que perdiesen el poder, porque buena parte de sus votantes no comparten la política de imposición lingüística.

A nacionalistas y socialistas nada les parece bien en las bases presentadas por la Xunta: no quieren asignaturas en inglés, no quieren que los padres decidan y el equilibrio entre enseñanza en gallego y en castellano les resulta intolerable. Como comprenderá el lector, la Xunta de Alberto Núñez Feijoo no habrá conseguido un consenso político en estos puntos ni el aplauso de las entidades supuestamente representativas de los distintos estamentos del sector educativo, empezando por los sindicatos, pero cuenta sin ninguna duda con el apoyo de la mayoría silenciosa de los padres.

Lo que está bien y lo que falta en las bases del nuevo decreto

La enseñanza del inglés en España tiene un grave problema, e introducir asignaturas en esa lengua puede ser una forma de corregirlo. De hecho, así se está haciendo ya en otras Comunidades autónomas y en la propia Galicia hay colegios privados y concertados que han emprendido esa senda. No se entiende con qué argumentos cabe oponerse a esto, siempre que se planifique para que se haga de forma progresiva y acorde con los medios disponibles; menos se entiende que se opongan políticos que, al disponer de más recursos económicos que la media de población, se aseguran convenientemente de que sus hijos aprendan inglés enviándolos a colegios bilingües o pagándoles cursos en el extranjero.

En cuanto al rechazo frontal a que los padres tengamos capacidad de decisión sobre las asignaturas que se impartirán en gallego y en castellano, resulta todavía más inconcebible. Simplemente, un grupo de profesores y de padres nacionalistas, minoría en la sociedad gallega, no sólo pretenden arrogarse el derecho a imponernos a la mayoría la lengua en que van a educarse nuestros hijos, sino que también quieren privarnos del derecho a que se eduquen en ella.

Por último, y éste es el meollo de la cuestión, la peor afrenta que imputan los nacionalistas (¡y los socialistas!) a las bases del nuevo decreto es el equilibrio que intenta establecer entre la docencia en gallego y en castellano. Hasta circula por ahí un manifiesto que tacha este equilibrio de ilegal y vulneratorio de derechos, sobre la base de esa extraña concepción jurídica y política según la cual el que una lengua esté supuesta o realmente en peligro habilita para pasar por encima de los derechos de las personas y, si se tercia, de la voluntad de la mayoría. Sobre esto poco hay que decir, porque se descalifica solo, y deja al desnudo la pretensión de esta gente imponer a toda costa, contra la voluntad de la mayoría de la sociedad gallega expresada en las urnas, contra los deseos de la mayoría de los padres y, en definitiva, contra toda razón y contra todo derecho, la hegemonía del gallego en la enseñanza.

Las bases presentadas no son perfectas, y para mejorarlas está la fase de consultas abierta. Por ejemplo, yo echo de menos que, al igual que se reconoce el derecho de los alumnos a utilizar sin discriminaciones la lengua de su elección en las clases, no se reconozca otro derecho que es el complemento lógico del anterior: la libertad para elegir el idioma de los libros de texto. Tampoco me gusta que se mantenga la inaceptable previsión de que los procedimientos iniciados a solicitud de interesado ante la Administración educativa se tramiten preferentemente el gallego, en vez de utilizarse la lengua empleada por el administrado, como debería ocurrir en un régimen de cooficialidad bien entendido y en un Estado democrático de Derecho, donde la Administración está al servicio del ciudadano y no al revés.

Lo que de verdad nos jugamos en este asunto

Tal como se está comprobando y yo siempre he sostenido, el consenso sobre el idioma en la educación es imposible, porque quienes defendemos la libertad de elección y quienes propugnan la imposición del gallego partimos de principios inconciliables. Lo curioso, y esto no ha sido destacado por ningún medio de comunicación ni comentarista de actualidad, es que, si triunfa la libertad de elección, de ella se beneficiarán también quienes quieren educar a sus hijos exclusivamente en gallego. En cambio, si triunfa la imposición, habrá unos perdedores, los padres que preferimos, de manera legítima y por razones que nadie tiene derecho a fiscalizar, una educación predominantemente en castellano, y que somos mayoritarios en la sociedad gallega, como demostró la encuesta masiva hecha por la consellería de educación antes del verano.

Esto es lo verdaderamente preocupante. En un sistema democrático, se hace lo que decide la mayoría, y a las minorías se les respetan sus derechos. En el mundo que nos construirían los nacionalistas si se les dejase, se hace lo que quieren quienes sacan en las urnas el quince por ciento de los votos, y además se aplastan los derechos de la mayoría.

A la postre, el gran perdedor de toda esta batalla es el idioma gallego, que no tiene culpa alguna de los excesos de sus supuestos defensores, y ha pasado a verse como la lengua de la imposición y la intemperancia. Ellos se dan cuenta, pero les da igual, porque, en el fondo, lo que aquí se está dirimiendo no es cómo garantizar la supervivencia del gallego, sino el control de la sociedad gallega; si vamos a vivir en una sociedad cerrada, condenada al clientelismo, en el que el gallego se utilice como barrera de entrada y de salida, o en una sociedad libre y abierta.

No es casualidad que en este asunto los grupos de interés clientelares, como los medios de comunicación que dependen de las subvenciones públicas encubiertas, hayan cerrado filas con los nacionalistas y contra la mayoría de la sociedad gallega. Frente a esto, a la Xunta de Alberto Núñez Feijoo le corresponde la responsabilidad de cumplir sus compromisos electorales y poner a la Administración autonómica al servicio de la libertad de los ciudadanos; para eso ha obtenido el respaldo de la mayoría de los gallegos.


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