Si, como ha dicho Zapatero, el Gobierno ha hecho lo que "debíamos" para terminar con el secuestro del "Alakrana", lo que incluye el pago de un fuerte rescate, ahora lo más urgente es aclarar a la opinión pública qué diferencia hay entre ceder al chantaje de unos piratas y hacerlo ante la amenaza de los terroristas de ETA. No conviene olvidar que varios empresarios han sido procesados por pagar el "impuesto revolucionario" a la banda terrorista y, aunque ninguno haya sido condenado, la imputación judicial se ajustaba plenamente a derecho.

Es probable que el Gobierno y los armadores no tuvieran otra salida que plegarse a las exigencias de los piratas somalíes y que tal conducta, aun con ser indeseable, no es punible penalmente al apreciarse el estado de extrema necesidad. Pero precisamente por eso, el Gobierno debería ser el primer interesado en marcar las lindes que separan ética, jurídica y políticamente la extorsión terrorista de la coacción de unos delincuentes comunes. En la lucha contra el terrorismo, nada es tan nefasto como la confusión moral y las dudas operativas. Y si de por medio anda el Gobierno, entonces es obligación ineludible explicar cuánto y de qué forma se ha utilizado el dinero público para pagar a los piratas. Sin esa explicación, que se supone será convincente, cualquier ciudadano podrá exigir igual trato en un trance similar, incluidos los casos de terrorismo.

Por lo demás, el secuestro del "Alakrana", con un final feliz que a todos nos congratula, da para que el Gobierno haga una tesis doctoral y, de paso, se gradúe tras haber suspendido durante mes y medio. Ahora tiene que hacer los deberes pendientes y pasar el examen.