En España, el aborto es un delito y no un derecho. Y no puede ser de otra forma, si se tiene en cuenta que nuestra Constitución proclama en su artículo 15 el derecho de "todos" a la vida, lo que, como ha precisado el Tribunal Constitucional, incluye indudablemente al ser humano concebido y no nacido. Sólo desde concepciones pre-científicas que nos retrotraen a épocas en que los conocimientos de la humanidad estaban poco desarrollados se puede negar la condición humana diferenciada del nasciturus y equipararlo a un simple órgano o apéndice de la madre.
Dicho esto, hay que añadir que el legislador decidió en 1985 despenalizar, es decir, eximir de castigo penal, ciertos supuestos de aborto por entender que en ellos el valor que supone la vida del concebido debe ceder ante otros valores que se consideran prevalentes, y que son concretamente los derechos a la vida y a la integridad física y psíquica de la mujer gestante, así como la dignidad de la misma. La decisión fue polémica y sigue provocando controversia, pero lo que está claro es que abre una excepción a lo que no ha dejado de ser regla general, que es la protección de la vida del ser humano concebido y no nacido.
Así las cosas, a los poderes públicos les corresponde velar por que las leyes se cumplan, y estando en juego un valor de la trascendencia de la vida humana, no parece desde luego que esa vigilancia deba relajarse. Sin embargo, existen serias sospechas de que en la aplicación de los supuestos en que está despenalizado el aborto, y en especial el que lo permite en caso de grave peligro para la salud psíquica de la embarazada, se están produciendo abusos.
El caso de las clínicas catalanas del grupo Ginemedex-TCB se puede calificar de verdadero escándalo por los detalles que están aflorando en la investigación policial. No sólo parece que se estaban practicando abortos fuera de los supuestos previstos legalmente, es decir, sin molestarse siquiera en buscar la cobertura del elástico supuesto del grave peligro para la salud psíquica de la madre, sino que, como ha llegado a reflejarse en una televisión danesa y en un diario inglés, se interrumpían embarazos muy avanzados, lo que supone eliminar niños que, con los avances actuales de la medicina, podrían ya sobrevivir fuera del seno materno.
Todo este horror, al que se suman los sórdidos detalles relativos a la destrucción de los restos humanos producto de tales intervenciones, debería obligar a la sociedad y a la clase política a reflexionar sobre la manera en que se está aplicando la legislación sobre el aborto. Porque esas clínicas habían sido sometidas a inspección por la Administración responsable, la Generalitat de Cataluña, sin que se pudiesen o quisiesen detectar las patentes irregularidades que se estaban produciendo.
Al final, han tenido que ser organizaciones privadas de tendencia católica, e-Cristians y el Centro Jurídico Tomás Moro, las que han puesto en marcha la maquinaria penal. Ello las honra, pero no puede hacer olvidar que no son los particulares los primeros llamados a hacer cumplir la ley, sino las autoridades públicas, que han de responder cuando descuidan tal deber, como ha ocurrido en el presente caso.
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