La presentación ayer en Madrid del nuevo partido Unidad, Progreso y Democracia
(UPD), del que es portavoz la ex-eurodiputada socialista Rosa Díez, ha
adquirido una relevancia mediática inesperada. Y ello gracias no tanto al
discurso que pronunció aquélla o a la presencia de personajes públicos con los
que se podía contar en un acto como éste – el filósofo Fernando Savater,
el líder de Ciudadanos de Cataluña Albert Rivera o el dramaturgo
Albert Boadella - como a la sorprendente aparición del escritor
hispano-peruano Mario Vargas Llosa, cuya proximidad al PP era hasta ahora
bien conocida.
Con gestos como éste la nueva formación parece querer
escenificar una de las declaraciones de principios realizada por su líder: que
no se consideran ni de derechas ni de izquierdas, recuperando así para la
política española un lema del que en su día hicieron bandera los
falangistas.
Si éstos se situaban más allá de la dialéctica entre derecha
e izquierda porque asumían los principios y valores de la primera y la
preocupación social de la segunda, el nuevo partido que nacía ayer lo hace
porque se coloca claramente al lado de la defensa del orden constitucional y de
la unidad de España, pero al mismo tiempo aprueba todos y cada uno de los
experimentos de ingeniería social que el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero ha ido realizando a lo largo de esta legislatura.
Cómo se
pueda defender la continuidad histórica de una nación y simultáneamente aceptar
la subversión de todos los valores en los que aquélla se fundamenta es un
misterio difícil de desentrañar. Lejos de ser una cuestión menor, el punto de
incoherencia que ello conlleva hace complicado que el nuevo partido pueda atraer
al ciudadano de a pie, que normalmente se mueve por correlaciones ideológicas
más sencillas y comprensibles.
Así pues, UPD parece abocada a ser una
organización de elites y no de masas, que llamará a intelectuales y artistas
que, después de haber contribuido decisivamente a la destrucción del sentido
patriótico tradicional en España, se encuentran ahora con que lo está
sustituyendo en algunas Comunidades Autónomas un nacionalismos disgregador
cerril y agresivo que ahoga toda disidencia, y hasta las propias libertades de
pensamiento y expresión.
La gran pregunta es a quién beneficiará
electoralmente el nuevo partido. La versión de la propia Rosa Díez es que
aspira a recoger votos de la izquierda desencantados con Rodríguez
Zapatero y que se irían a la abstención, con el fin de convertirse en un
partido bisagra que ayudará a desalojar a aquél del poder. El temor del PP es
que, simplemente, desvíe esos votos de centroizquierda desencantados de las
candidaturas de los populares a otras de las que nada útil saldrá en términos de
votos y escaños.
Obviamente, es imposible a estas alturas saber quién
tiene razón. Pero sí hay una cosa clara: las elecciones generales del próximo
mes de marzo se presentan como unas de las más reñidas y decisivas de la actual
etapa democrática. En este contexto, para quienes desean por encima de todo un
cambio de gobierno, lo que se suponga desunir y distraer esfuerzos no puede
calificarse más que muy negativamente.
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