La Constitución y las Leyes que desarrollan sus principios son, en algunas
cosas, inequívocas y meridianamente claras. Todos los ciudadanos españoles son
iguales ante la Ley, son iguales sus derechos y sus obligaciones aunque,
lógicamente, sean diferentes sus orígenes, sus ocupaciones, sus servicios al
Estado, sus patrimonios o sus ingresos. No podía ser de otra manera en un Estado
de Derecho democrático; y la lógica de una democracia es, además, que esa norma
no tenga excepciones, desde el Jefe del Estado hasta el último ciudadano recién
naturalizado.
Son indiscutibles los méritos de Juan Carlos
I al servicio de la democracia española, y tanto nuestros gobernantes
como los ciudadanos han expresado ese reconocimiento de manera concreta más de
una vez desde 1978. Los españoles agradecen al Rey sus esfuerzos, y precisamente
para no malograr su obra debe subrayarse la igualdad que impera entre nosotros.
Este principio no admite excepciones, ni siquiera en la cúspide del
Estado.
En las últimas semanas, los aliados políticos del presidente del
Gobierno, especialmente los portavoces de Esquerra Republicana de Catalunya y de
Izquierda Unida, han mostrado su intención de solicitar que se fijen mediante
Ley las obligaciones fiscales del Rey y de su Familia, lo que en sí mismo no
debe suponer ningún problema para la Casa del Rey, aunque muestre las
intenciones de los enemigos declarados de la monarquía.
En ese sentido
debe felicitarse la reciente decisión de Su Majestad el Rey de crear la figura
de Interventor de la Casa del Rey, para gestionar y controlar la gestión
económica de este organismo, y el nombramiento para esta función de
Óscar Moreno Gil, prestigioso experto en Derecho
Administrativo. El profesor Moreno Gil trabajará al servicio
del Rey, que según el artículo 65 de la Constitución gestiona libremente su
Casa, y completará la tarea del Interventor Militar que ejerce y seguirá
ejerciendo sus funciones en el Cuarto Militar del Rey.
La libertad que la
Constitución deja al Jefe del Estado para cumplir sus tareas es, sin duda, un
acierto; pero no es ni puede ser una excusa para mantener o crear diferencias
entre los españoles. Tales diferencias serían propias de otra Monarquía, o de
otro tipo de Estado, pero serían incompatibles con nuestra democracia, y por el
bien del Estado y de su actual organización no deben existir ni tan siquiera
aparentarse.
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