Las recientes declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, afirmando que, según sus informaciones, José Ignacio de Juana
Chaos es de los terroristas que están a favor del "proceso de paz" y
considerando "pura crítica política" los artículos amenazadores que aquél
publicó en el diario Gara en 2004, ofrecen la clave para entender la
sorprendente modificación del criterio de la fiscalía a la hora de solicitar la
pena por los seis delitos de amenazas terroristas y uno de pertenencia a banda
armada de que se acusa al dirigente etarra.
De esta manera, un
sanguinario criminal, en absoluto arrepentido de sus fechorías –antes bien,
orgulloso de ellas-, condenado por su participación en 11 atentados que costaron
la vida a 25 personas a más de 3.000 años de cárcel de los que ha cumplido una
mínima fracción, vería de nuevo moderado su castigo muy por debajo de lo que la
justicia exige.
Se trata de todo un símbolo de lo que está suponiendo el
"proceso de paz" emprendido por Rodríguez Zapatero con la banda
terrorista ETA. Al no imponerse como condiciones previas por parte del Gobierno
el abandono definitivo de las armas y el arrepentimiento de los terroristas por
sus crímenes, el "proceso" se ha convertido en una marcha triunfal para una
organización que estaba a punto de ser vencida por el Estado de
Derecho.
Por lo demás, el presidente del Gobierno parece haber perdido ya
todo sentido de la perspectiva y no saber cómo apearse de un "proceso" que
amenaza con socavar los fundamentos mismos de nuestra convivencia. Ni el robo de
nuevas armas en Francia por los terroristas, que demuestra más allá de toda duda
que están aprovechando la tregua para reabastecerse, ni el desastroso resultado
de la reciente votación del Parlamento Europeo, que sólo ha servido para
trasladar la división existente en España al conjunto de la Unión Europea, han
sido suficientes para hacerle ver que su "proceso" hace aguas por todas
partes.
Pero lo más preocupante es que las tensiones que está generando
ya han llegado al mismo núcleo de las instituciones del Estado. La negativa del
fiscal Jesús Alonso a secundar el cambio de criterio del fiscal jefe de
la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, en relación con el caso De Juana
Chaos, y las excusas del teniente fiscal Jesús Santos para tampoco tener
que hacerse cargo de la acusación son muy significativas de lo que puede empezar
a ocurrir cuando los funcionarios públicos se vean abocados a cumplir órdenes
contrarias al más elemental sentido del deber y de la lealtad al
Estado.
En la persona de Fernando Burgos, Rodríguez
Zapatero ha encontrado por fin un fiscal para el terrorista al que ha
honrado con su consideración pública como "partidario del proceso de paz". El
coste para las instituciones del Estado de esta nueva huida hacia adelante del
presidente del Gobierno cada vez resulta más preocupante.
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