El borrado de las partes más comprometidas al que fue sometido dicho documento
puede salirle caro al anterior ministro de Interior (ahora en Defensa)
José Antonio Alonso, al actual Alfredo
Pérez Rubalcaba y al comisario jefe de la Policía Científica,
Miguel Ángel Santano.
Y es que la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional ha determinado la existencia de un presunto delito de
falsedad en el informe fechado el 21 de marzo de 2005 sobre el ácido bórico
hallado en el domicilio de Hassan El Haski, imputado en los
atentados de marzo de 2004.
Esta resolución judicial llega después de que
el diario El Mundo, que reveló la manipulación, enviase las pruebas al
juez instructor del 11-M, Juan del Olmo, que, a su vez –al
encontrarse cerrado el periodo de instrucción– optó por remitirlo a la Sala de
lo Penal. Según los magistrados, se concluye en "la existencia de indicios
suficientes para proceder a investigar la posible comisión de al menos un delito
de falsedad en documento público".
Dicha Sala considera que al sumario
del 11-M se ha incorporado un informe que juzga "alterado en su contenido y/o en
la persona que realiza la pericia, y la asume con su número profesional y
firma".
El informe de la polémica fue elaborado por tres peritos durante
el mandato de Alonso en Interior. En él se ponía de relieve el
hallazgo de ácido bórico en el piso de El Haski en Canarias, y
se relacionaba, dado lo poco frecuente de esta sustancia en casos de terrorismo,
con la hallada en un piso franco de ETA en Salamanca el 6 de noviembre de 2001.
En el memorándum, los peritos señalaban que podía emplearse como conservante de
explosivos o bien para camuflar el olor de los mismos ante perros policía, lo
que, en su conclusión, "nos lleva a la posibilidad de que el autor/autores de
estos hechos estén relacionados entre sí y/o hayan tenido un mismo tipo de
formación y/o sean el/los mismos autor/es".
Ante la revelación, Interior
negó cualquier tipo de manipulación, y el comisario Santano
ordenó emitir una nota a su departamento en la que se calificaba el documento
como un "simple borrador", justificando la omisión en el entregado al juez en
que las alusiones al ácido bórico eran simples "elucubraciones".
De este
modo, la Sala de lo Penal pide que se traslade la investigación a los Juzgados
de Instrucción de Madrid, puesto que el presunto delito no entra dentro de sus
competencias.
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