El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, viajó en los pasados días a Berlín para asistir a un concierto en el que, como miembro del coro, intervenía su esposa. Hace unas semanas también se había desplazado a Londres, en visita privada, para realizar compras y acompañar a una de sus hijas que iba a realizar un curso de idiomas. Como muchos españoles, Zapatero viaja al extranjero en vacaciones o por razones familiares, y esto es lógico en un país moderno y de amplia clase media como es el nuestro. No son tan lógicas, ni mucho menos habituales, las circunstancias de estos viajes en concreto.
Zapatero ha viajado a la capital alemana en un avión del Ejército del Aire, tripulado por personal militar y pagado por el Estado, es decir con dinero d etodos los españoles. Su viaje no tenía ningún contenido institucional, y constituye a todas luces un caso de utilización privada de medios públicos. Las normas al respecto podrán avalar o no esta conducta; pero lo seguro es que ética y estéticamente las vacaciones del presidente no se pueden clasificar dentro de la normalidad democrática. Tal hecho, además, lo avala que tal viaje no figurara en la agenda oficial del presidente y se diera desde la Moncloa orden a la Embajada española de guardar reserva sobre la presencia de Zapatero.
El presidente del Gobierno está obligado por Ley y por sentido común a utilizar los medios del Estado, de los que lógicamente dispone como encarnación de la máxima legalidad democrática, al servicio de ese Estado y del pueblo que lo sustenta. El presidente no tiene acceso a las villas, aviones, medios y poderes del Estado para disfrutarlos privadamente, sino para ejercer bien sus tareas de gobierno. Olvidarlo por una razón como la de Berlín, seguramente muy digna en lo particular, es pervertir el funcionamiento de las instituciones.
Una de las características del Estado moderno es precisamente la separación nítida entre lo público y lo privado. A la confusión entre los bienes del Estado y los del gobernante, o entre las ocupaciones particulares y los deberes públicos, se le llamó en un momento dado feudalismo y en otro monarquía absoluta. Nunca, por definición, democracia. El comportamiento de Zapatero –en Londres, en La Mareta o en Berlín, por ejemplo- podrá ser legal, pero está al borde de la legitimidad democrática y sienta un mal precedente para los próximos años. Como dijo la Constitución de Cádiz, España no es patrimonio de una familia; y esos viejos principios liberales siguen siendo la base de nuestra convivencia ordenada.
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