Hasta ahora, tanto en Marbella (con lo que se sabe que había detrás) como en
Seseña (con lo que se presume que hay detrás), la conjunción entre la política y
la construcción intentaba ocultarse, y eran los jueces, la oposición o los
medios de comunicación quienes la descubrían.
En Burgos las cosas son
algo diferentes. Miguel Méndez Ordóñez, hijo de Míchel Méndez Pozo
(quien acabó en la cárcel por el famoso "caso de la construcción de Burgos", que
quitó el sueño a José María Aznar justo cuando se estrenaba como
presidente del PP), no sólo no oculta sus vinculaciones con los políticos que
pueden adjudicarle obra pública, sino que las proclama y ofrece recompensa a
quien se lance a imitarlas. Tan notado ha sido el asunto, que Ecologistas en
Acción ha procedido contra él ante la Fiscalía Anticorrupción.
Tal vez
influya en ese descaro la seguridad que da ser hijo de quien es. No en
vano Míchel Méndez Pozo es una persona con importantes
relaciones tanto en el PP como en el PSOE; y además muy amigo de José
Bono, quien llegó a declarar que le hubiese gustado conocerle de niño
para jugar a las canicas con él; y además goza de ciertas deferencias de la Casa
Real, como cuando los Príncipes de Asturias inauguraron, el pasado mes de abril,
el edificio de su grupo de comunicación, Promecal... edificio que llevaba en
funcionamiento dos años.
Un viaje a la Riviera
francesa, "gratis total"
La historia se resume en que el pasado 26
de mayo, durante la inauguración de un tramo de la circunvalación de Burgos,
Méndez Jr, en su calidad de portavoz de una unión temporal de empresas
(las conocidas como UTE) formada por Arranz Acinas, Inmobiliaria Río Vena,
Construcciones Casa y Piedra y Contratas y Maquinaria, tomó la palabra para
decir (según consta textualmente en la denuncia presentada): "El próximo año yo
calculo que por el mes de marzo o mes de abril nueve amigos de esta ciudad y
empresarios nos volveremos a marchar de viaje aprovechando como disculpa una
Feria de Construcción, un algo de Urbanismo, alguna cosa, y si Dios quiere
volveremos a invitar a aquellos políticos y técnicos municipales que nos han
demostrado colaboración leal y honestidad hasta… hasta el infinito, porque
además las empresas que participamos en estas UTES no sabemos agradecerles su
dedicación de otra forma".
La clave está en el "volveremos". En efecto,
dos meses antes, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Javier
Lacalle, había pasado tres días (en concreto, del 16 al 19 de marzo), junto
a dos técnicos municipales de su departamento, en la Riviera francesa. Les había
invitado el mismo grupo de empresarios, capitaneados por el hijo de Míchel
Méndez Pozo, que nada más volver de su periplo "gratis total" por el paraíso
de la Costa Azul (donde luce el glamour de Cannes o de Niza, donde
estuvieron) recibieron de ellos la adjudicación de la obra de construcción de un
túnel en la calle Islas Baleares.
Una adjudicación que se realizó,
según denuncia Ecologistas en Acción, "a pesar de que era una oferta mas cara
que otras presentadas, si bien es de reconocer que ofrecía una alternativa al
tráfico durante la realización de las obras, que impediría molestias a los
ciudadanos y retenciones... Lo curioso es que, adjudicada la obra con esas
condiciones expresas en cuanto a la regulación del tráfico, antes de su inicio
se procede a la modificación del proyecto y se propone su realización sin esas
mejoras, lo que motivó la petición de nulidad de la adjudicación por parte de la
oposición, toda vez que si el elemento definitorio de la misma había sido ese
plan especial de ordenación del tráfico y se dejaba sin efecto, dejaba de
existir la causa fundamental de la adjudicación".
¿Cohecho y tráfico de influencias?
El ya célebre
viaje no fue conocido hasta un mes después, con el consiguiente revuelo no sólo
por parte de la oposición municipal (10 concejales del PSOE y uno de IU), sino
del mismo equipo de gobierno, cuyo alcalde, el ex ministro Juan Carlos
Aparicio, se vio tan sorprendido como los demás y hubo de desmarcarse de la
ocurrencia de su edil y sus funcionarios, señalando que ese tipo de cosas no le
gustaban y que él nunca las haría.
Justo a ese revuelo es al que
respondió Méndez Ordóñez no sólo enorgulleciéndose de él, sino
prometiendo continuarlo. Por eso el viernes pasado Ecologistas en Acción se
dirigió a la Fiscalía Anticorrupción para que inste la investigación de los
hechos, por si fuesen constitutivos de delitos de cohecho y de tráfico de
influencias. Pues, afirma dicha organización en su escrito, "podemos concluir
que lisa y llanamente que, por un lado se les ha hecho un regalo a funcionarios
por su colaboración y que además se les promete otro regalo vinculado a esa
colaboración".
Lo curioso es que Miguel Méndez Ordóñez había
comenzado su reflexión sobre la gratitud debida a esos funcionarios públicos tan
colaboradores, considerándola "políticamente incorrecta". Como si fuera
la "incorrección política" la que ha conducido a la cárcel a medio consistorio
marbellí por razones similares... o a su mismo padre, tras ser condenado en 1992
a un total de siete años de prisión por los delitos de falsedad en documento
público y privado e inducción a un delito continuado de prevaricación que le
mantuvieron entre rejas siete meses en la prisión de Burgos hasta alcanzar el
tercer grado.
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