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Se espera una afluencia masiva a los servicios públicos de empleo estatal. |
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El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Ley que regula esta ayuda
introduciendo los cambios aprobados por el Parlamento, entre ellos el retraso de
la fecha de "corte" para haber agotado las prestaciones y poder acceder así a
esta ayuda.
En principio, la norma establecía que a los 420 euros sólo
podrían acogerse quienes hubieran consumido sus prestaciones después del 1 de
agosto de este año, pero el malestar sindical y de algunos Grupos Parlamentarios
por el hecho de que se dejara fuera de esta ayuda a un numeroso volumen de
desempleados hizo que el Gobierno se replanteara los plazos.
Finalmente,
se acordó con los Grupos Parlamentarios de la oposición retrasar desde el 1 de
agosto al 1 de enero la fecha que se tomará en cuenta a efectos del agotamiento
de las prestaciones.
Los desempleados que consumieron sus prestaciones y
subsidios desde el 1 de agosto pueden desde hace cuatro meses, cuando entró en
vigor la primera norma, solicitar la ayuda de 420 euros, pero los que las habían
agotado antes de esa fecha estaban esperando la publicación en el BOE de la
nueva ley para poder tramitar el cobro de esta ayuda.
Con la norma ya en
el BOE, desde el viernes todos aquellos desempleados que hayan agotardo su
prestación por desempleo desde el 1 de enero de este año podrán empezar a
solicitar los 420 euros.
Incluyendo a los nuevos beneficiarios, la
estimación del número de potenciales beneficiarios de los 420 euros alcanzaría
los 600.000 personas, con un coste máximo de 1.342 millones de euros, según los
cálculos realizados por el Ministerio de Trabajo.
Más de 100.000 solicitantes hasta octubre
Hasta
el pasado 31 de octubre, las oficinas de los servicios públicos de empleo habían
recibido 104.525 solicitudes para acceder a esta ayuda, denominada Programa
Temporal de Protección por Desempleo e Inserción, una cantidad bastante baja si
se tiene en cuenta que el universo de beneficiarios es seis veces
superior.
Sin embargo, la secretaria general de Empleo,
Maravillas Rojo, cree que, una vez que entre en vigor la
retroactividad de la ayuda, se produzca "una afluencia extraordinaria y casi
masiva" en los servicios públicos de empleo estatal.
Para poder cobrar la
ayuda de 420 euros, los desempleados deben cumplir una serie de requisitos:
tener menos de 65 años, haber agotado la prestación contributiva y no tener
derecho al subsidio o haber consumido todos los subsidios, y carecer de rentas
de cualquier naturaleza superiores al 75% del salario mínimo interprofesional
(SMI), excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.
No
obstante, durante su paso por el Parlamento, la norma ha introducido la
posibilidad de que aquellos desempleados que vivan con sus padres puedan optar a
las ayudas. Así, tendrán derecho a esta prestación las personas que se
encuentren en esta situación cuando la suma de las rentas de todos los
integrantes de la unidad familiar, incluida la del solicitante, dividida por el
número de miembros que la componen, no supere el 75% del SMI.
El texto
define como unidad familiar a la integrada por el solicitante y el cónyuge,
junto a hijos menores de 26 años o mayores con discapacidad, y menores acogidos.
No obstante, si el solicitante no entra en este supuesto, se considerará a los
padres como parte de la unidad familiar "siempre que conviva con
ellos".
Con el fin de que las resoluciones administrativas sobre la
prestación y los pagos correspondientes se efectúen en el menor plazo posible,
la norma habilita al Servicio Público de Empleo Estatal a establecer convenios
con las comunidades autónomas para desarrollar las actuaciones necesarias
derivadas de la ley.
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