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La Lotería Nacional, en el punto de mira del Gobierno. |
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El proyecto de Ley General Audiovisual no precisa si esa limitación afectará
también a loterías como el Sorteo de Navidad, el Sorteo del Niño o la Primitiva.
Así, literalmente, el proyecto, que está estudiando la Comisión Constitucional
del Congreso de los Diputados, establece que "los programas dedicados a juegos
de azar y apuestas sólo pueden emitirse entre la una y las cinco de la mañana",
sin señalar ninguna excepción a esta norma, por lo que los juegos gestionados
por Loterías y Apuestas del Estado o la ONCE podrían verse afectados.
De
hecho, según la definición de la Real Academia Española, juego de azar es "cada
uno de aquellos cuyo resultado no depende de la habilidad o destreza de los
jugadores, sino exclusivamente del acaso o la suerte", lo que incluye a los
sorteos de loterías que se emiten en televisión. Concretamente, sorteos como el
de Navidad o el del Niño suelen ser líderes de audiencia y se emiten durante el
día.
El objetivo de la norma, sin embargo, no son los juegos que gestiona
Loterías y Apuestas del Estado sino los concursos televisivos en los que el
telespectador llama a un número de teléfono, generalmente una línea 905, para
poder participar en un sorteo que le permita entrar a jugar en directo y
contestar a una pregunta del presentador del programa.
Protestas de los loteros
Por otro lado,
coincidiendo con la presentación el miércoles del Sorteo de Navidad y el Sorteo
del Niños, asociaciones de administraciones de loterías Apla, Anapal y Fenapal
han convocado una manifestación frente al Círculo de Bellas Artes de Madrid para
protestar por "las intenciones del Gobierno de privatizar de forma encubierta la
lotería pública".
Las asociaciones de administraciones de loterías
critican que el Gobierno, a través de las disposición adicional 34 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado 2010, plantea unas medidas "irreversibles
hacia una privatización encubierta", al contemplar que cualquier entidad
jurídica, mediante contratos privados, pueda comercializar juegos del
Estado.
Para algunas asociaciones, la privatización podría producir la
destrucción de 12.000 puestos de trabajo dependientes directamente de la red de
venta de loterías, sería "muy malo para la hacienda pública", que dejaría de
ingresar parte de lo que ingresa ahora en concepto de juegos de azar, e iría en
detrimento de los propios consumidores de estos juegos, ya que "Hacienda es la
que garantiza ahora que no haya fraudes", cosa que podría cambiar con la llegada
al sector de las empresas privadas, explicó.
Por ello, tanto los
sindicatos como las asociaciones de administraciones de loterías piden la
retirada de la disposiciones 32 y 34 de los Presupuestos Generales, y la
elaboración de una ley del juego público que garantice la permanencia de la red
de ventas y que regule el sector, tal como se comprometió el Ejecutivo a hacer
en 2007, concluyó Izquierdo.
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